La colaboración público-privada, o cómo usar la tabla de multiplicar

La colaboración público-privada no es ninguna novedad. Ha estado mucho tiempo entre nosotros. En España, iniciativas como el desarrollo del ferrocarril a mediados del siglo XIX, de la mano de la familia Rothschild y los hermanos Pereire, o la construcción de autopistas y embalses en los años 60 y 70 contaron con la financiación de inversores privados, que de esta manera contribuyeron a la red de infraestructuras de nuestro país.

Otros proyectos más recientes han tenido menos éxito. La crisis económica-financiera trajo consigo el fracaso de algunas concesiones, con el consiguiente impacto contable, en el peor momento, en las cuentas públicas.

Pese a los riesgos, las ventajas de los proyectos de colaboración público-privada se están imponiendo en los momentos actuales como fórmula conveniente para ayudar a la reconstrucción de la economía española. Entendiendo por tales no solo las iniciativas comprendidas dentro de la definición clásica (la colaboración entre el sector público y la empresa privada para la construcción y mantenimiento de infraestructuras y la prestación de servicios), sino también cualquier relación cooperativa para la consecución de determinados objetivos, como, por ejemplo, el uso de fondos mixtos de inversión para el desarrollo de la I+D, las startups o la digitalización.

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José Amérigo, socio de PwC

Oficina de Fondos Europeos

Principio indispensable

La prueba del renovado interés que suscita en la actualidad la colaboración público-privada es su inclusión como “principio rector indispensable” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya esbozado por el Gobierno y pendiente de la evaluación de las instituciones europeas para los fondos del programa Next Generation. Según el documento, esta colaboración está llamada a aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores y movilizar empresas y agentes sociales, llegando al conjunto del tejido productivo. Los números están claros: la previsión de apalancamiento privado de este tipo de iniciativas, de acuerdo con la experiencia internacional, es aproximadamente de uno a cuatro (cuatro euros privados invertidos por cada euro público), con lo cual “los 140.000 millones de origen público podrían multiplicar su efecto movilizando un total de hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector privado”.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asignación de fondos por políticas palanca en los próximos tres años (en %)
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Por lo tanto, muchas de las esperanzas de recuperación de la economía española están puestas en el efecto multiplicador de los fondos europeos que la colaboración público-privada puede generar. Es el momento, en consecuencia, de identificar los cauces para impulsar este tipo de proyectos y garantizar en lo posible su éxito. Veamos algunas ideas encaminadas a este fin.

  • Es necesario construir un escenario de rentabilidad razonable (compañera necesaria del riesgo) para que los proyectos de esta naturaleza sean atractivos para los inversores privados. En la actualidad esta rentabilidad está seriamente limitada por la normativa de desindexación de la economía española, que impide la viabilidad de muchos proyectos y hace inoperante el modelo concesional. Para que una concesión pueda ser viable los flujos de caja deben ser suficientes para cubrir el pago de las inversiones y los gastos estimados, así como para remunerar en términos y condiciones de mercado los recursos financieros utilizados.
  • Se debe permitir la pignoración de los cánones y precios públicos mediante los cuales las entidades públicas retribuyen al concesionario o repercuten el coste a los usuarios.
  • Conviene reforzar la gobernanza del modelo de colaboración. Hay que cuidar especialmente la fase de ejecución, ya que de esta manera se pueden introducir criterios medioambientales o sociales, mejorar la eficacia y la eficiencia, intensificar la comunicación entre el sector público y el privado, y promover la innovación.
  • Junto a las anteriores medidas, de eficacia transversal, se impone una reflexión sobre cómo estimular la colaboración público-privada en aquellas actividades sectoriales con mayor potencial para alcanzar los objetivos de los fondos europeos. Pongamos tres ejemplos:
    • En el sector del agua urge la construcción de nuevas infraestructuras y la conservación de las ya existentes para reducir las fugas en las redes y mejorar el suministro de agua y el tratamiento de las aguas residuales, lo que resulta particularmente acuciante a la vista de la condena de la Unión Europea a España por la falta de depuración. 
    • En el sector de la energía cabe flexibilizar la contratación de energía renovable por la Administración y ligarla al desarrollo de proyectos renovables. 
    • En el sector de la vivienda la participación del sector privado sobre suelo público puede contribuir al acceso a una vivienda en alquiler a precio asequible. 

En suma, una intervención sectorial puede resultar muy útil para potenciar la colaboración público-privada en aras de la consecución de los objetivos medioambientales, de digitalización y de cohesión social, económica y territorial que constituyen las prioridades de los fondos europeos.

Un debate necesario

Estas son sólo algunas propuestas que pueden servir para fomentar la estrategia de colaboración público-privada. Lo importante es hacer ver la necesidad de que se inicie un debate para la puesta en práctica de medidas que activen dicha colaboración en un marco normativo que garantice la seguridad jurídica. En este sentido, aunque focalizadas en la agilización de la distribución de los fondos europeos, las propuestas de la CEOE también apuestan por reforzar esta colaboración, a través de figuras como la iniciativa privada en la contratación y las subvenciones. Es hora de sacar la tabla de multiplicar y confiar en que estos proyectos tengan el esperado efecto movilizador de los fondos del programa europeo Next Generation. Está en juego la recuperación de la economía española.


David Mellado

Socio responsable del área Legal de PwC Tax & Legal

José Amérigo

Socio Departamento Regulatorio de PwC Tax & Legal

Artículo publicado en Expansión el 25 de noviembre de 2020


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