Esta ventaja ha impulsado un fuerte crecimiento en la demanda eléctrica industrial, tanto por parte de nuevas inversiones como por industrias existentes que buscan electrificarse. Sin embargo, esta aceleración está desafiando la capacidad del sistema eléctrico, dando lugar a restricciones críticas, altos niveles de solicitudes de conexión y tasas de rechazo en aumento, donde solo se pudieron aceptar una de cada diez. Las redes eléctricas, por tanto, se erigen como pieza clave de la transición energética: deben estar preparadas para absorber una demanda intensiva, facilitar la integración renovable y habilitar el despliegue industrial, evitando que las limitaciones estructurales comprometan los objetivos de descarbonización.
En respuesta a la creciente presión sobre las infraestructuras eléctricas, el Real Decreto Ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, representa un avance normativo clave para reforzar el sistema eléctrico español. Esta nueva regulación introduce un marco más dinámico y flexible, que persigue adaptar la planificación, agilizar los procesos de conexión y facilitar una integración más eficiente de la demanda eléctrica asociada a la transición energética. Supone un cambio de enfoque que reconoce la necesidad de adaptar no solo la generación, sino también las redes, a los nuevos usos industriales, tecnológicos y territoriales. Sin embargo, su efectividad dependerá de una implementación rigurosa y coordinada por parte de todos los actores implicados, en un contexto donde aún persisten retos significativos que deben abordarse con urgencia para asegurar el éxito de la transformación energética e industrial.
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