Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Zonas grises y coincidencias en los proyectos de las autonomías

Las comunidades autónomas tienen mucho que decir en el reparto de los proyectos que optan a los fondos del Plan de Recuperación Económica (en el argot europeo, Next Generation)El programa destina a España unos 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, la mitad de ellos en transferencias no reembolsables. El objetivo es, además de paliar los daños causados por la pandemia, avanzar hacia un modelo económico más sostenible y resiliente, siguiendo las pautas y las prioridades digitales y ecológicas marcadas desde Bruselas.

Desde un punto de vista normativo, España se ha preparado para recibir esta inyección de recursos con la aprobación de un decreto ley que facilita la programación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con ayudas europeas. Además, se ha creado una Secretaría General de Fondos Europeos, con el objetivo de mejorar la gestión de las ayudas y hacerla más eficiente.

Playback of this video is not currently available

0:43

Asier Atutxa, socio de PwC

Oficina de Fondos Europeos

¿Qué papel juegan las administraciones autonómicas en este procedimiento? El decreto del Gobierno establece que las comunidades autónomas podrán ser oídas a la hora de identificar los objetivos, retos e hitos que configuren, dentro del marco comunitario, los elementos definitorios del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la economía española, aprobado por el Gobierno en octubre. Para la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, se propone una conferencia sectorial específica en la que participarán la ministra de Hacienda, que dirigirá el proceso, y los consejeros autonómicos competentes en la materia, y que contará con un órgano técnico de apoyo.

Recuperación y resiliencia

Capacidad de decisión

Estas herramientas pueden ser útiles para coadyuvar a la coordinación entre administraciones. Sin embargo, está por definir la capacidad de decisión que tendrán las comunidades autónomas respecto del destino de los fondos; esto es, si se van a limitar a gestionar líneas de ayudas y procedimientos de contratación con objetivos completamente fijados o si, por el contrario, tendrán margen para configurar las características de los proyectos que impulsen.

Pese a estas zonas grises, lo que está claro es que el modelo por el momento creado otorga en exclusiva al Gobierno central el control de los fondos de la Unión Europea. Esta realidad choca, hoy por hoy, con los planteamientos de algunas autonomías, que reclaman la cogobernanza en la gestión de las ayudas comunitarias para los proyectos públicos y privados que se presenten desde sus comunidades. Su argumento es que ese mayor protagonismo de las administraciones territoriales es lo natural en los Estados descentralizados de Europa. En cualquier caso, los problemas competenciales del modelo del Estado español (un conflicto recurrente pero no insalvable, como se ha visto en otras circunstancias) no deberían obstaculizar el objetivo de la recuperación y el relanzamiento de la economía española.

Dentro del margen que se defina, será útil que el Gobierno central sea permeable a las propuestas formuladas por las comunidades autónomas, habida cuenta de que, aun cuando los objetivos se decidan a nivel estatal, las actuaciones deberán concretarse atendiendo a las características económicas y sociales de cada autonomía.

Las comunidades han adelantado proyectos que optarán a los fondos europeos. Se trata por lo general de planes innovadores (públicos, privados y en colaboración de ambos sectores), la gran mayoría de ellos relacionados con la digitalización y la movilidad y en muchos casos encabezados por empresas tractoras que arrastran a muchas pymes de su órbita de actividad.

Apuesta por el hidrógeno

Entre los proyectos presentados hay algunas coincidencias reseñables. Una de las más notables es la apuesta por las plantas de hidrógeno, un combustible que está considerado una de las fuentes de energía con más proyección de futuro. Galicia, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana aspiran a obtener ayudas para su puesta en funcionamiento. La ampliación de los servicios de metro en algunas ciudades y el despliegue de las redes de comunicación móvil de banda ancha y de 5G son también objetivos que comparten distintas comunidades autónomas.  Estos es un resumen de los principales proyectos presentados:

  • País Vasco. El plan Euskadi Next 21-26, aprobado en diciembre, plantea 188 proyectos de inversión público-privada por un total de 13.135 millones de euros, para los que se solicita 5.700 millones de financiación europea. El programa incluye un anexo en el que se recogen proyectos de inversión privada de empresas vascas que aspiran a fondos europeos. Estos proyectos, dirigidos por grandes compañías (Petronor, Iberdrola, Sener, Corporación Mondragón…), suponen una inversión global de 3.582 millones.
  • Cataluña. La Generalitat ha identificado 542 proyectos que pueden optar a las ayudas europeas del plan de recuperación. Uno de los más llamativos es Barcelona Super Computing Center (BSC), cuyo mayor activo es el supercomputador MareNostrum y que pretende liderar el proyecto del chip europeo. El Clúster de la Automoción plantea el desarrollo de una fábrica de baterías, que considera primordial para el proyecto de Seat de fabricar vehículos eléctricos en su planta de Martorell a partir de 2025. Barcelona Tech City propone impulsar un campus urbano para la formación en nuevas tecnologías que albergue aceleradoras de empresas startup.
  • Galicia. La Xunta ha presentado 108 proyectos que superan los 9.700 millones de euros de inversión con  participación tanto pública como privada. Apuesta especialmente por cuatro proyectos tractores, que considera estratégicos para Galicia: la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde; la implantación de un centro para el impulso de la economía circular; la creación de un centro de fabricación de fibras textiles sostenibles a partir de la madera; y la instalación de nueva potencia renovable, con 1.000 MW.
  • Andalucía. La Junta ha validado 151 proyectos que suponen en conjunto una inversión de 35.480 millones de euros. Los proyectos más relevantes están relacionados con el desarrollo de tecnologías limpias y energías renovables, la digitalización y las comunicaciones. Andalucía ha elaborado un banco de proyectos, con las propuestas de las diputaciones provinciales y los municipios, que incluye 2.168 proyectos por un importe de 52.079 millones de euros.
  • Comunidad Valenciana. La Generalitat ha presentado 14 proyectos tractores enmarcados dentro de la denominada Estrategia Valenciana para la Recuperación. Estas iniciativas no sólo las llevará a cabo la propia Generalitat, sino que se espera que sean también desarrolladas desde el ámbito privado. 18 empresas y asociaciones empresariales han firmado un protocolo de colaboración para el despegue de la Estrategia Valenciana del Hidrógeno Verde.

Más allá de la inevitable competencia entre administraciones por el control de los recursos, lo determinante para que los fondos europeos cumplan los objetivos para los que se han concebido -la recuperación de la crisis del Covid y la modernización de la economía en clave de sostenibilidad- será que se concedan con transparencia y se desarrollen con eficacia.


Asier Atutxa

Socio de PwC

Artículo publicado en Expansión el 20 de enero de 2021

Contacta con el equipo de la Oficina de Fondos Europeos

Síguenos en