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El 21 de febrero de 2023 el Boletín oficial del Estado (BOE) publicó la Ley de Protección de Informantes, por lo que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 o Directiva Whistleblowing. Con la entrada en vigor de esta ley, las empresas españolas (públicas o privadas) con más de 50 empleados tienen la obligación de implementar un canal de denuncias.
Esta nueva ley (cuyo plazo de transposición finalizó el 17 de diciembre de 2021) introduce importantes novedades en materia de gestión e investigación de denuncias. En particular, las principales novedades que introduce esta norma son las siguientes:
Nuestro Canal Ético ha sido desarrollado bajo el compromiso de una gestión personalizada, 100% confidencial y segura, adaptada al código ético de cada cliente, con el objetivo de contribuir activamente con el compromiso de responsabilidad social corporativa y mejores práctica en materia de buen gobierno.
Según señala nuestra última Encuesta Mundial Sobre Fraude y Delito Económico “cuando una organización fortalezca los sistemas de prevención y detección de fraude, aumentará la probabilidad de prevenir y, en su caso, identificar y detectar la existencia de los mismos”. En este sentido, se señalan los canales de denuncia externos como los métodos de detección de irregularidades más eficaces.
En respuesta a estas novedades, desde PwC Forensic hemos desarrollado una solución diferencial para la gestión externa del canal de denuncias que nos permite crear un canal de denuncias a medida, bajo el compromiso de una gestión especializada, confidencial y segura: