La necesaria transformación digital en la gestión de litigios

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  • 13/02/24

La transformación digital nos permite adoptar cambios en la gestión de procedimientos judiciales para mejorar y eficientar nuestros procesos, automatizar las tareas más repetitivas y carentes de valor, adoptar mayores controles para minimizar riesgos, eficientar costes y adoptar decisiones de estrategia procesal y de negocio basadas en datos.  Esa transformación en la forma de gestionar la litigiosidad nos permite evolucionar hacia una gestión más proactiva y que va más allá de la propia tramitación procesal.

No descubrimos nada nuevo si decimos que el sistema judicial en España está saturado. 

Según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial en marzo de 2023, durante el año 2022, nuestros juzgados y tribunales registraron un total de 6.682.587 asuntos, un 6,5 % más que en 2021, con una tasa media de resolución de 0,99, siendo la jurisdicción civil la que aporta el peor resultado, un 0,95 según datos del recientemente publicado Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia 2023.

El mismo Informe llamaba la atención sobre el “decrecimiento exponencial de la predecibilidad de la respuesta judicial en España” debido a varios factores: “el número creciente de órganos judiciales, la cada vez mayor diversificación, especialidad y complejidad de las materias que se someten al sistema judicial; el altísimo nivel productivo de los órganos judiciales para dar respuesta a una litigiosidad desbocada, y un deficiente rendimiento del sistema  de recursos en lo que a su función nomofiláctica se refiere”. Por tanto, nada hace presagiar que el número de procedimientos se vaya a ver reducido, más bien lo contrario, pues como bien se indica en el referido Informe “un sistema judicial imprevisible incentivará a las partes a recurrir más frecuentemente a la justicia”.

Por tanto, muchas empresas, al menos de momento, están y seguirán estando expuestas a altos niveles de litigiosidad; consumidores más informados, reclamadores profesionalizados, relaciones y entornos más complejos y cambiantes, nuevas tipologías de productos y servicios, y un frenético crecimiento de la regulación, nos obligan a asumir esta realidad y buscar la forma de gestionarla.

Y es que la litigiosidad tiene un alto impacto en las compañías. Además de los lógicos costes asociados a su gestión -abogados y procuradores- y a los posibles riesgos derivados de las condenas, la litigiosidad exige mayores inversiones en recursos, merma el esfuerzo del negocio y en muchos casos puede impactar en la marca y reputación de la compañía. 

Su mala gestión puede acrecentar exponencialmente dicho impacto. Pero, por el contrario, una debida gestión de la litigiosidad puede convertir el problema en una oportunidad; en este caso, una oportunidad para entender la causa de esa litigiosidad, identificar qué y cómo debe cambiar en el seno de la compañía para mejorar las relaciones con sus clientes y proveedores, pero también para entender su comportamiento y poder tomar decisiones, tanto a nivel de estrategia procesal como de negocio, de forma más rápida y certera. 

La transformación digital nos permite cambiar la forma de gestionar la litigiosidad hacia una gestión que va más allá de la tramitación procesal. 

Esta transformación digital en el sector legal y en especial en la práctica procesal no ha tenido pocos detractores -el miedo al cambio es una respuesta emocional natural-, pero creemos que ha sido fundamental entender que la transformación digital no va de sustituir a los abogados por robots, sino de apoyarse en la tecnología para mejorar los procesos, eficientar costes, mejorar el control, minimizar riesgos y destinar menos tiempo a aquello que no aporta valor para poner nuestro tiempo y conocimiento al servicio de aquello que sí aporta valor y nos reta como profesionales.

Pero ¿Cómo hacerlo? El primer paso para llevar a cabo esa transformación digital es revisar nuestros procesos ¿Cómo venimos gestionando nuestra litigiosidad? Levantar nuestros procesos no es algo malo, denota voluntad de mejora y valentía ante el cambio, conciencia de que siempre hay margen para la mejora y nuevas oportunidades; es necesario para identificar las posibles ineficiencias, puntos de fricción, pero también los puntos fuertes y las buenas prácticas, y evaluar posibles cambios mediante la integración de tecnología, aceleradores y/o sencillamente implementando cambios en el proceso.

La gestión de procedimientos judiciales -desde la recepción de la demanda o en su caso desde la preparación e interposición de la misma, hasta el cumplimiento de la resolución que pone fin al litigio-, es un proceso complejo en el que intervienen muchos agentes, tanto internos como externos a la compañía, genera infinidad de actuaciones y comunicaciones, requiere de la preparación y revisión de gran cantidad de escritos, así como de tiempo para el registro de datos y documentación, pero también para la elaboración de informes. Todo ello, además, de lo que es esencialmente importante, el estudio y enfoque del pleito. 

La definición de un buen proceso será esencial para coordinar a los distintos agentes y cubrir todas las necesidades de la forma más eficiente y con las debidas garantías, pero, además, la tecnología puede ayudarnos a incrementar exponencialmente la eficiencia y el valor de nuestro trabajo.

Contar con herramientas que nos permitan automatizar tareas repetitivas como el procesamiento de correos electrónicos y notificaciones, el registro de datos y documentos en nuestras plataformas de gestión e incluso la generación de determinadas tipologías de escritos, la transcripción de vistas o la búsqueda de jurisprudencia, permitirá que nuestros equipos estén enfocados en las tareas que aportan verdadero valor -estudiar esa jurisprudencia, analizar y valorar la prueba practicada en esa vista o analizar e interpretar los datos reportados en la herramienta de gestión-, pero también nos permitirá gestionar mejor las puntas de trabajo y evitar errores humanos.

Dotarnos de una herramienta de gestión de litigios que ofrezca un entorno colaborativo para todos los agentes del proceso, permita la íntegra gestión del pleito con el registro de todas las actuaciones y su correspondiente documentación, así como el control de los vencimientos y señalamientos, y el reporte del dato en tiempo real, permite ordenar la gestión de la litigiosidad, controlar la carga de los equipos, adoptar controles, minimizar riesgos y gestionar y tomar decisiones sobre la base de datos reales.

La gestión y explotación del dato es una parte fundamental del proceso para alcanzar el objetivo -convertir la litigiosidad en oportunidad-. Los abogados, y en este caso los procesalistas, generamos cantidades ingentes de datos que en muchos casos no se usan, pero que son de un valor incalculable. Nosotros tenemos claro que cambiar la forma de gestionar la litigiosidad pasa, necesariamente, por hacer uso de esos datos, su explotación nos permitirá entender nuestra litigiosidad -cuál es su causa-, cuánto riesgo nos genera, cómo se comporta ¿funciona la estrategia procesal que estamos adoptando? Nos permitirá detectar patrones e identificar tendencias que nos dotarán de información para una gestión más proactiva y menos reactiva. Nos permitirán sentarnos con el negocio y valorar y plantear cambios, mejoras que eviten o mitiguen nuevos riesgos.

La transformación digital es una oportunidad para los abogados de “deshacernos” (con garantías) de aquellas tareas que no nos retan, y centrarnos, profundizar e ir más allá en lo que realmente es estratégico para nuestras compañías y clientes. 

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Mónica Redorta Valencia

Mónica Redorta Valencia

Directora de New Law, PwC Tax & Legal