La plataforma Airbnb ha sido recientemente sanciona por incumplir varias de estas obligaciones. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha ordenado la retirada de más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas en la plataforma que vulneraban la normativa autonómica, especialmente en regiones como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el País Vasco.
Ante estas irregularidades, el Ministerio remitió hasta tres resoluciones a la filial irlandesa de Airbnb, instando a la retirada de los anuncios ilícitos. Airbnb recurrió judicialmente estas resoluciones, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la actuación del Ministerio y ordenó la retirada inmediata de 5.800 anuncios en una primera fase, sentando un precedente importante en la aplicación de la normativa sobre alquiler turístico.
La sanción a Airbnb marca un punto de inflexión en la regulación del alquiler turístico en España, y alienta a una aplicación rigurosa de la normativa autonómica, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
Adaptarse a estas obligaciones, en ocasiones desconocidas por los arrendadores y por las plataformas, evita sanciones y contribuye a la profesionalización y sostenibilidad del sector turístico, generando una mayor confianza en los consumidores y, en consecuencia, un incremento de potenciales clientes.
En New Law tenemos una amplia experiencia en el sector del comercio electrónico, asesorando a clientes internacionales en su adaptación a la normativa local. Ayudamos a nuestros clientes a desarrollar su negocio cumpliendo con la compleja y variada legislación española, tanto a nivel nacional como autonómico. Estaríamos encantados de ayudarte a revisar el grado de cumplimiento de la normativa aplicable y a adaptarte a ella, con el objetivo de reducir riesgos y aportar valor a tu negocio.
Artículo elaborado por Rocío Itziar Pastor Inchauspe, manager del área NewLaw de PwC Tax & Legal y Fernando Gómez Alonso, associate del área NewLaw de PwC Tax & Legal.