Por ahora, la inteligencia artificial no está eliminando puestos de trabajo cualificado. Pero lo que sí está haciendo es reorganizar el trabajo de los profesionales más cualificados.
Qué tareas pesan más, cuáles pesan menos, quién las ejecuta y cómo se supervisan.
Ese es el cambio que importa. Y, a la vez, uno de los más difíciles de gestionar desde la función jurídica.
La pregunta que debería recorrer la lectura completa de este informe, desde la perspectiva de la dirección jurídica, no es si la inteligencia artificial va a sustituir abogados. Esa pregunta está mal formulada y conduce a respuestas inútiles. La pregunta operativamente relevante es cómo está alterando ya la composición interna del trabajo jurídico corporativo, qué capas de actividad absorbe primero, qué consecuencias tiene eso para la formación del criterio profesional y qué exigencias nuevas de supervisión y gobernanza impone a las direcciones jurídicas que decidan integrarla de forma seria.
Para entender por qué el informe merece una lectura atenta y no un titular rápido, conviene detenerse brevemente en su metodología. Lo que Anthropic propone no es una estimación genérica de cuántos empleos podría automatizar la inteligencia artificial.
El enfoque es más fino
Los autores introducen una métrica nueva, denominada observed exposure, que mide algo distinto a la capacidad teórica de un modelo de lenguaje. Lo que mide es la intersección entre esa capacidad teórica y el uso real observado en entornos profesionales, otorgando mayor peso a los patrones de uso automatizado y a las implementaciones vía API que a los usos conversacionales de carácter auxiliar.
Dicho de otro modo, la métrica no pregunta qué podría hacer la IA, sino qué está haciendo efectivamente en contextos de trabajo. Esa distinción resulta esencial. Porque el informe muestra claramente que la distancia entre lo teóricamente posible y lo realmente desplegado sigue siendo enorme. En la categoría de ocupaciones informáticas y matemáticas, por ejemplo, donde la exposición teórica alcanza el 94% de las tareas, la cobertura real observada apenas llega al 33%.
La IA está lejos de cubrir todo su potencial. Pero la brecha se estrecha progresivamente, y la dirección del movimiento no admite duda.
Es en ese espacio entre lo posible y lo real donde se sitúa la paradoja más importante del informe. El análisis no encuentra un aumento sistemático del desempleo en las ocupaciones con mayor exposición observada. La diferencia en las tasas de desempleo entre los trabajadores del cuartil más expuesto y los del grupo sin exposición es pequeña y estadísticamente no significativa.
Esa es la noticia que invita a la calma. Pero tenemos que ir más allá.
Las ocupaciones con mayor exposición observada presentan perspectivas de crecimiento más débiles según las proyecciones del Bureau of Labor Statistics para el período 2024-2034. En concreto, por cada incremento de diez puntos porcentuales en la cobertura observada, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos porcentuales.
Y los perfiles más expuestos no son trabajadores de baja cualificación ni sectores de escaso valor añadido. Son profesionales con mayor nivel educativo, con una proporción de titulados de posgrado casi cuatro veces superior a la del grupo no expuesto, y con salarios un 47% más altos de media.
El perfil demográfico de la exposición a la inteligencia artificial no se parece en nada al de la automatización industrial. Estamos ante una tecnología que incide primero en los estratos profesionales donde el conocimiento, la capacidad analítica y la gestión de información son el núcleo del trabajo diario.
Exactamente el territorio que ocupan las funciones jurídicas.
La señal del talento joven
Si el informe contiene un hallazgo que el sector legal debería leer con especial detenimiento, es el relativo a los trabajadores jóvenes. Y aquí es donde el informe, sin pretenderlo, pone el dedo en una llaga que muchas direcciones jurídicas prefieren no mirar.
Los autores encuentran evidencia tentativa de una ralentización en la contratación de profesionales de entre 22 y 25 años en las ocupaciones más expuestas. La tasa de inicio de nuevos empleos para este grupo en ocupaciones de alta exposición muestra una caída estimada del 14% respecto a los niveles de 2022, un dato que apenas alcanza la significación estadística y que los propios autores presentan con cautela, señalando que los jóvenes no contratados pueden estar permaneciendo en empleos previos, cambiando de ocupación o regresando a la formación académica.
No se trata, por tanto, de un dato definitivo, y los autores son los primeros en señalarlo. Ahora bien, si lo cruzas con las proyecciones del BLS y con el nivel educativo de los profesionales afectados, el resultado apunta en una dirección bastante clara.
Para la dirección jurídica, eso no significa que la IA vaya a eliminar el empleo junior. La implicación es más sutil y, en cierto modo, más profunda. Si parte del trabajo de primera capa que tradicionalmente realizan los perfiles más jóvenes dentro de la función jurídica empieza a ser absorbido, acelerado o reconfigurado por herramientas de inteligencia artificial, lo que cambia no es solo la cantidad de trabajo disponible para esos perfiles, sino la forma en que esos profesionales entran en la organización, aprenden, generan criterio y son supervisados.
La revisión de contratos estándar, la preparación de borradores iniciales, la síntesis de documentación, la investigación preliminar de antecedentes regulatorios, la clasificación de riesgos en operaciones recurrentes. Todas esas tareas cumplen una función formativa que excede con mucho su valor productivo inmediato. Son el mecanismo a través del cual un abogado joven desarrolla la capacidad de distinguir lo relevante de lo accesorio, de calibrar riesgos con matices, de entender por qué un determinado enfoque contractual funciona en un contexto y no en otro. Si la IA comprime o reorganiza esas tareas, la función jurídica no pierde simplemente horas de trabajo delegable. Pierde el espacio en el que se forma el juicio profesional de la siguiente generación de abogados internos.
Y eso no es un problema de eficiencia.
Es un problema de arquitectura organizativa y de calidad a medio plazo.
Lo que el informe de Anthropic permite entender, cuando se lee desde esta perspectiva, es que la transformación no se está manifestando primero como un shock visible en las cifras de empleo. Se está manifestando como una reorganización gradual del trabajo cualificado, que altera las proporciones internas de las funciones profesionales antes de alterar sus plantillas.
En la función jurídica, eso significa que la distribución del tiempo entre tareas de preparación, validación, supervisión y escalado de decisiones está empezando a cambiar, incluso si el número de personas en el equipo permanece estable. Cambia qué hace cada profesional, cuánto tiempo dedica a cada capa de actividad y, en consecuencia, qué competencias necesita reforzar y qué tipo de supervisión requiere de la dirección jurídica.
Esta lectura debería modificar el modo en que muchas direcciones jurídicas se aproximan a la inteligencia artificial.
Hasta ahora, el enfoque predominante ha sido experimental y orientado a la eficiencia, centrado en probar herramientas, medir ahorros de tiempo, identificar tareas automatizables. Ese enfoque no es incorrecto, pero resulta insuficiente si no se acompaña de una reflexión organizativa más amplia.
El informe de Anthropic, sin proponérselo expresamente, ofrece un argumento empírico para esa reflexión. Si los perfiles más expuestos son precisamente los más cualificados y mejor remunerados, si las proyecciones de crecimiento del empleo se debilitan conforme aumenta la exposición observada y si hay indicios razonables de que la contratación de talento joven puede estar desacelerándose en esas ocupaciones, la conclusión para la función jurídica no es que deba temer una sustitución inminente, sino que debe prepararse para gestionar una reconfiguración estructural del trabajo que ya está en curso.
Lo que realmente está en juego
El reto que se dibuja para las direcciones jurídicas no es ya decidir si experimentan con inteligencia artificial.
Esa fase está superada, o debería estarlo.
El reto consiste en diseñar un modelo de integración que preserve lo que no puede degradarse. Hablamos del control sobre el producto jurídico, la trazabilidad de las decisiones, la calidad del razonamiento legal aplicado a operaciones complejas, la responsabilidad profesional efectiva y, de manera muy especial, la capacidad de formar internamente a los profesionales que sostendrán la función jurídica en los próximos años.
Integrar inteligencia artificial en el trabajo jurídico corporativo sin un marco de gobernanza adecuado no es innovar. Es transferir riesgo operativo a una capa tecnológica que nadie supervisa con rigor.
El informe de Anthropic no ofrece respuestas para la dirección jurídica, porque no es su propósito. Pero ofrece algo que escasea en el debate actual sobre inteligencia artificial y profesiones cualificadas. Ofrece datos empíricos, metodología transparente y unas conclusiones que ni exageran el problema ni lo esconden debajo de la alfombra.
La ausencia de un aumento sistemático del desempleo en las profesiones expuestas no equivale a la ausencia de efectos. Los efectos están ahí, son reales y son acumulativos. Operan sobre la composición del trabajo antes que sobre el volumen del empleo. Y afectan de manera preferente a las áreas intensivas en conocimiento, análisis y gestión de información.
La función jurídica está en el centro de ese mapa.
Quienes dirigen la función jurídica harían bien en leer este informe no como un estudio académico ajeno a su práctica, sino como un indicador temprano de una transformación que ya está en marcha.
La inteligencia artificial no ha provocado todavía una disrupción visible en el empleo jurídico. Pero está redistribuyendo silenciosamente el peso de las tareas dentro de las funciones profesionales, alterando las condiciones de entrada del talento joven y elevando las exigencias de supervisión, validación y gobernanza que recaen sobre la dirección jurídica.
Gestionar esa transición de forma ordenada, sin precipitarse, aunque tampoco dejándolo para después, es probablemente la decisión organizativa más importante que muchas direcciones jurídicas tomarán en los próximos años.
Y las que la aborden antes con rigor no estarán simplemente adoptando tecnología. Estarán redefiniendo las condiciones en las que su función puede, porque debe, seguir siendo imprescindible.
