Imaginemos a una directora de compras de un grupo industrial europeo que revisa, una mañana de marzo de 2026, el borrador de una licitación pública para infraestructura energética. Todo está en orden: especificaciones técnicas, plazos, presupuesto. Pero hay una cláusula nueva que no existía hace seis meses. El pliego exige que al menos el 25 % del acero sea bajo en carbono, que el aluminio acredite origen europeo y que los vehículos eléctricos del proyecto se ensamblen en la Unión con un 70 % de componentes fabricados aquí. De pronto, el proveedor asiático con el que lleva años trabajando queda fuera de juego. Y el proveedor europeo que hasta ayer perdía en precio, ahora tiene ventaja regulatoria.
Esa es, en esencia, la transformación que propone el Industrial Accelerator Act (IAA), la propuesta de Reglamento que la Comisión Europea presentó el 4 de marzo de 2026. No es una declaración de intenciones. Es un marco normativo que, de aprobarse, convertirá el origen de los productos en un requisito vinculante para acceder a un mercado público que representa el 15 % del PIB de la Unión.
De la retórica a la obligación
Hasta ahora, la política industrial europea se ha construido sobre la premisa de que el mercado interior funciona mejor cuanto más abierto está a la competencia global. Esa premisa convive desde hace años con una realidad incómoda: dependencia de proveedores tecnológicos concentrados en terceros países, capacidades industriales subsidiadas fuera de Europa e instrumentalización de las cadenas de suministro como herramienta geopolítica. La pregunta que Bruselas no se había atrevido a formular en voz alta era si la Unión debía reservar parte de su capacidad de compra pública para productos fabricados en Europa. El IAA es la respuesta afirmativa a esa pregunta.
En términos concretos, desde enero de 2029 las autoridades contratantes deberán excluir ofertas que no cumplan requisitos como que al menos el 25 % del volumen de acero sea bajo en carbono, que el 5 % del hormigón sea bajo en carbono y de origen europeo, o que los vehículos eléctricos se ensamblen en la Unión con al menos un 70 % de componentes de origen UE. La filosofía subyacente es clara: utilizar el peso económico del mercado único como palanca de demanda para la industria europea.
Pero el debate no se detiene ahí. Existe una presión creciente para extender esta lógica al ámbito digital y de la inteligencia artificial, donde la dependencia de proveedores no europeos es aún más acusada que en la industria tradicional. La idea de introducir criterios de “Buy European” en la contratación pública de servicios de cloud, IA, ciberseguridad y software gana tracción política. Si esa extensión se materializa, el IAA dejará de ser una norma sobre acero y baterías para convertirse en la arquitectura de una soberanía tecnológica integral.
El espejo americano
La comparación con el modelo estadounidense resulta inevitable. El Buy American Act de 1933 impone requisitos de contenido doméstico en la contratación federal que pueden llegar al 75 %. El IAA europeo se inspira en esa lógica, pero opera en un entorno radicalmente distinto: debe convivir con 27 sistemas nacionales de contratación, combina los requisitos de origen con criterios de bajo carbono —un doble filtro que refleja el compromiso europeo con la descarbonización— e introduce una equivalencia generosa por la que el contenido de países con acuerdos de libre comercio con la UE, uniones aduaneras o partes del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC se considerará de origen europeo. Esta última diferencia suaviza el impacto proteccionista y mantiene coherencia con las obligaciones comerciales internacionales. Europa no copia el modelo americano; lo adapta, con más matices y, probablemente, más complejidad de implementación.
Qué significa esto para tu empresa
Para empresas no europeas, o europeas con cadenas de suministro deslocalizadas, el impacto es doble. Por un lado, quien no acredite el cumplimiento de los nuevos requisitos de origen quedará excluido de licitaciones en sectores cubiertos. Por otro, quienes inviertan más de 100 millones de euros en sectores estratégicos emergentes y provengan de países que concentren más del 40 % de la capacidad manufacturera global en esos sectores, podrán enfrentarse a condiciones obligatorias de inversión: concesión de licencias de propiedad intelectual a favor de entidades europeas, formación de joint ventures, límites de participación accionarial y exigencia de que al menos el 50 % de la plantilla se ubique en la UE.
Para los departamentos jurídicos, el IAA se traduce en un ejercicio inmediato con tres dimensiones: mapeo de la cadena de suministro para verificar dónde se fabrican realmente los productos y componentes; análisis de las reglas de origen no preferenciales conforme al Código Aduanero de la Unión, que es la referencia para determinar el origen bajo el IAA; y preparación de las autodeclaraciones que los poderes adjudicadores exigirán como prueba de cumplimiento. Quien no tenga ese trabajo hecho antes de 2029 llegará tarde a las licitaciones.
El reto de la calibración
El IAA marca un punto de inflexión en la política industrial europea. No porque Europa descubra ahora la preferencia nacional —la mayoría de las grandes economías la practica desde hace décadas—, sino porque propone incorporarla por primera vez de forma sistemática, armonizada y vinculante a un ordenamiento construido sobre una premisa muy distinta.
El reto está en la calibración. Un “Buy European” excesivamente rígido corre el riesgo de encarecer la transición energética, ralentizar infraestructuras críticas y provocar represalias que perjudiquen a exportadores europeos. Uno demasiado laxo, con excepciones generosas y umbrales bajos, quedará en ejercicio declarativo sin impacto real sobre la reindustrialización. La Comisión ha optado por un camino intermedio —umbrales progresivos, equivalencias para socios comerciales, derogaciones tasadas— pero el resultado final dependerá de la negociación en el Parlamento y el Consejo.
Lo que no admite duda es la dirección del movimiento. El mercado público europeo sigue abierto, pero las condiciones de acceso están cambiando. Y para las empresas que operan en sectores estratégicos, el momento de prepararse no es cuando el Reglamento entre en vigor. Es ahora, mientras el proceso legislativo avanza y aún hay margen para anticipar, adaptar cadenas de suministro y, donde proceda, participar en el debate regulatorio.
La pregunta que queda encima de la mesa es concreta: ¿puede tu empresa acreditar hoy que sus productos cumplen los requisitos de origen que se están definiendo? Si la respuesta es no, conviene empezar a trabajar en ello antes de que sea la pregunta de un pliego.
Artículo elaborado por Álvaro Arroyo Sánchez y Daniel Polanco Palacio, especialistas del sector Entretenimiento y Medios de PwC Tax & Legal.
