En los últimos tres años, la economía en general y la industria financiera en particular han atravesado tres crisis consecutivas, que en parte se han superpuesto, lo que ha creado un remolino de efectos inesperados. En el primer semestre de 2020, la pandemia de coronavirus colapsó la actividad económica. Un año después, cuando el coronavirus parecía quedar atrás, el brusco rebrote de la demanda generó serios problemas de abastecimiento en las cadenas de suministro y encendió la llama de la inflación en todo el mundo. Ya en 2022, la invasión rusa de Ucrania constituyó una tercera disrupción que disparó los precios energéticos, especialmente en Europa, y quebró las expectativas de crecimiento económico.
Ante estos desafíos encadenados, el sector financiero ha respondido mucho mejor que en crisis precedentes. La mayoría de los indicadores que reflejan la solidez de su posición -de solvencia, de calidad de los activos, de liquidez, de rentabilidad- están igual o mejor que en la etapa prepandémica.
¿A qué se ha debido esta capacidad de resistencia de los bancos? Las razones son variadas. Por un lado, hay pocas dudas de que la superación de la pandemia fue posible gracias a la activa intervención de las autoridades nacionales y europeas, que a través de distintas herramientas -moratorias para hogares y esquemas de garantía pública para empresas, sobre todo- consiguieron amortiguar el golpe. También se mostraron eficaces las decisiones de los distintos gobiernos para paliar el impacto directo e indirecto en la economía de la guerra de Ucrania. Todo ello ha permitido mantener en niveles razonables las tasas de paro -un testigo esencial para la actividad crediticia- y también ha ayudado que familias y empresas estén mucho menos endeudadas que a principios de siglo.
Al mismo tiempo, los bancos han conseguido mantener abiertas las líneas de crédito gracias a sus fortalezas de partida. Los cimientos puestos por la Unión Bancaria, que a lo largo de los últimos años ha propiciado mejoras en áreas críticas como el capital, la morosidad o la gobernanza, y la profesionalización de los gestores de las entidades financieras explican su capacidad de absorción de los episodios de crisis. El contraste con la crisis de 2008 es evidente; en aquel entonces, la fragilidad de las instituciones de crédito les obligó a desinvertir de forma acelerada para reparar sus averiados balances, lo cual exacerbó la magnitud de la contracción económica.
Por lo demás, la brusca reaparición de las tensiones inflacionistas, pese a todas las desventajas asociadas, han facilitado el regreso a la normalidad de la política monetaria, tras más de una década de tipos de interés ultrabajos, con el consiguiente efecto beneficioso en el margen de intereses de los bancos.
Sin embargo, no deberíamos precipitarnos a la hora de sacar conclusiones y pensar que el camino está despejado. Una buena prueba de ello, son los episodios acontecidos estos últimos días en Estados Unidos y su repercusión en los mercados financieros internacionales. En efecto -si nos aislamos de estos sucesos-, el escenario ahora es relativamente favorable para el sector financiero, y es probable que ese contexto positivo se mantenga a lo largo de 2023, pero existen incertidumbres en el corto y en el medio plazo.
La principal incógnita es qué va a pasar con la renta disponible de las familias, en especial con las que tienen una hipoteca de vivienda. Si nos centramos en España, donde la mayor parte de los préstamos hipotecarios lo son a tipo variable, la subida del precio del dinero está teniendo un impacto considerable en los bolsillos de los ciudadanos, que a la vez están perdiendo poder adquisitivo como consecuencia de la inflación y cuyos ingresos están amenazados por el virtual estancamiento de la economía.
Este cuadro clínico constituye un gran reto para las entidades financieras. Para todas en general, ante la potencial amenaza de un deterioro de sus activos. Pero sobre todo para aquellas que están más expuestas a segmentos particularmente dañados por la subida de los tipos de interés o la inflación, como el sector inmobiliario, los préstamos al consumo, la financiación apalancada o las corporaciones intensivas en energía. Otros condicionantes adversos que no pueden ser pasados por alto son el impuesto sobre la banca (en el caso de España) y las necesidades de financiación que sobrevienen con el giro en la política monetaria y que podrían acabar derivando en una guerra por la captación de pasivo. La crisis por la quiebra de Silicon Valley Bank pone de relieve, en este sentido, la importancia de diversificar la vías de financiación y reforzar las ratios de liquidez.
Crisis encadenadas
El mundo se enfrenta a una situación desconocida. Tras el estallido de la pandemia de coronavirus en 2020, que se prolongó en 2021 y de la que todavía hay rescoldos, surgieron los cuellos de botella de la cadena de suministros, rebrotó la inflación, Rusia invadió Ucrania, se declaró una crisis energética en Europa, subieron los tipos de interés y se ralentizó el crecimiento económico. Esta sucesión de crisis encadenadas, que abre la puerta a otros riesgos -amenaza de escalada nuclear, problemas para la deuda soberana en Europa, estanflación, tensiones en el mercado inmobiliario, dificultad para lograr los objetivos climáticos, impacto de la variante ómicron en China…- ha dejado la economía mundial sumida en la incertidumbre como nunca antes se había visto. ¿Cómo afecta a los bancos esta telaraña de riesgos que se entrecruzan, solapan y retroalimentan? Las autoridades del sector reclaman a las entidades prudencia y vigilancia para sortear las amenazas, pero hay motivos para ser moderadamente optimistas: la subida de los tipos de interés mejora sus expectativas de rentabilidad y la situación de la industria financiera es mucho más sólida que en anteriores crisis.
El reto de la sostenibilidad
El mundo de las finanzas sostenibles atravesó en 2022 una fase turbulenta. La invasión de Ucrania despertó los viejos demonios de la inflación y cambió la agenda económica global. Ahora, lo importante es cómo combatir la subida de los precios y cómo evitar al mismo tiempo que las economías del mundo se precipiten en la recesión. El modelo de transición económica basado en los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), que condensan la política sostenible, sigue estando en vigor y es uno de los ejes de actuación presente y futura, pero ha perdido algo de foco, especialmente en materia de supervisión y también como oportunidad de inversión, en beneficio de los prioridades macroeconómicas. En cambio, se mantiene intacta la presión regulatoria para que las empresas y los inversores consideren los criterios ESG en todas sus decisiones, sobre todo en Europa. Pero por encima de esa mezcolanza de tendencias contrapuestas aparece la necesidad -antes voluntaria, ahora obligatoria- de que las empresas ofrezcan información fiable y comparable sobre su política de sostenibilidad. Es el momento de poner las cartas boca arriba -y hay entidades que no saben qué mano llevan-.
Mercados y jugadores
El invierno cripto -la caída del valor de los principales activos digitales- ha tenido un impacto devastador en el bolsillo de muchos inversores y ha erosionado seriamente la reputación del sector, que es observado con creciente desconfianza por parte de la opinión pública. Sin embargo, paradójicamente su uso en los mercados no se ha resentido. Al contrario: su grado de adopción es cada vez mayor y los criptoactivos forman parte ya, de forma indiscutible, del sistema financiero mundial, como demostración de la fuerza imparable de la digitalización. De hecho, la máquina de reguladores y supervisores se ha puesto en funcionamiento, aunque todavía con pocos resultados tangibles, para dotar a las inversiones en este tipo de productos de la vigilancia y la seguridad necesarias para su desarrollo. A falta de la consolidación de un sistema normativo eficaz, uno de los puntos débiles de los criptoactivos sigue siendo el fraude.
Regulación y supervisión
Durante mucho tiempo, los modelos internos han sido un refugio para los bancos. Ya no. Los modelos internos -es decir, los sistemas de medición del riesgo basados en la experiencia de cada banco- están empezando a ser sustituidos por el denominado modelo estándar, que es una suerte de café para todos, ante la evidencia de que apenas supone ventajas para las entidades financieras a la hora de calcular su nivel de solvencia. Las restricciones normativas y las inspecciones, cada vez más severas, han provocado que algunos bancos hayan pedido, o se estén planteando pedir, la vuelta al modelo estándar. Esta es la principal novedad regulatoria del ejercicio de 2022, marcado por un nuevo paquete legislativo y por el aumento de los requerimientos a las entidades en materia de resolución. En el horizonte aparece una prueba de estrés ampliada -ocho bancos españoles se someterán al examen de la EBA- y que probablemente se aproxime más que nunca a la realidad del sector, dado el escenario de dificultad en el que nos encontramos.
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