Observatorio de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La principal novedad institucional es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), configurada como autoridad administrativa independiente, que concentrará competencias actualmente repartidas entre el SEPBLAC y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

De acuerdo con la referencia oficial, ANIFI asumirá funciones de:

• unidad de inteligencia financiera – ahora del SEPBLAC-;
• supervisión e inspección – ahora del SEPBLAC en cooperación con los supervisores financieros-;
• potestad sancionadora – ahora de la Secretaría de la CPBCIM-;
• sanciones financieras internacionales – ahora de la Secretaría de la CPBCIM-; y
• actuaciones en materia de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva – hasta ahora no la asumía ninguna autoridad en España-.

Asimismo, se convertirá en el interlocutor único de España ante AMLA y representante, por tanto, ante sus órganos de gobierno.

La reforma incorpora también una revisión de la normativa sustantiva para adaptarla a un entorno de riesgo más complejo, marcado por la innovación tecnológica y financiera, el uso creciente de criptoactivos y la mayor sofisticación de las redes delictivas internacionales.

Entre las medidas anunciadas destacan:

• La incorporación de nuevos sujetos obligados para alinearse a lo exigido por la normativa de la UE -el amplio espectro de los VASP, plataformas de crowdfunding y los clubs de fútbol y agentes, entre otros-;
• el refuerzo de la transparencia sobre titularidad real;
• nuevas facultades de inspección y sanción en relación con el Registro Central de Titularidades Reales;
• el endurecimiento de los requisitos de idoneidad para actuar como sujeto obligado o dirigirlos; y
• un mayor control sobre los movimientos de efectivo.

La nueva autoridad contará con un sistema de financiación propio, sin dependencia de los Presupuestos Generales del Estado. Sus recursos procederán principalmente de:

• Una tasa sobre los sujetos obligados sometidos a autorización administrativa, en particular entidades financieras y operadores de juego; y
• un porcentaje limitado de las sanciones impuestas.

La puesta en marcha de ANIFI se apoyará en la estructura del actual FROB, aprovechando sus servicios operativos y experiencia en el ámbito financiero.

El anteproyecto prevé además una simplificación del modelo español de resolución bancaria, mediante el traspaso de las funciones de resolución ejecutiva al Banco de España y a la CNMV, en función del tipo de entidad, preservando en todo caso la separación funcional respecto de la supervisión.