En apenas siete meses, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias que abordan, desde ángulos distintos pero complementarios, el requisito de la persona empleada con contrato laboral y a jornada completa del artículo 27.2 de la LIRPF como presupuesto para considerar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica.
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