El pasado 1 de julio de 2025, el Consejo de Ministros dio luz verde a la remisión a las Cortes Generales de la propuesta para ratificar el Convenio 191 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce como derecho fundamental la protección de la salud y la seguridad en el entorno laboral. Esta medida refuerza el compromiso del Estado con un modelo de relaciones laborales más garantista y en sintonía con los estándares internacionales más exigentes en materia de prevención de riesgos.
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