España cuenta con unos 8.000 kms de costa, una franja del territorio ecológicamente frágil y, a la vez, sometida a importantes presiones, en la medida en que en torno a ella se concentra buena parte de la población y la actividad económica. Desde 1988, la Ley de Costas ha tratado de preservar el espacio litoral mediante un régimen jurídico característicamente demanial, al amparo de lo previsto en el artículo 132 de la Constitución, aunque ya desde un primer momento se apreciaba en la norma una preocupación ambiental. Hoy, con los efectos del cambio climático manifestándose ya en nuestra costa, la necesidad de dotar al dominio público terrestre de una protección reforzada parece inexcusable.
Antonio Sánchez Recio
Socio de PwC Tax & Legal y responsable del sector de Construcción y Servicios, , PwC España