Durante años, el Ayuntamiento de Madrid ha lidiado con la “deslocalización” del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): miles de vehículos con presencia efectiva en la capital han sido domiciliados en otros municipios con fiscalidad más favorable, desviando la recaudación allí donde constaba el permiso de circulación. Pese a algunas resoluciones aisladas que han permitido regularizaciones cuando la domiciliación resultaba meramente formal, la regla práctica la ha marcado el dato de Tráfico: el ayuntamiento del domicilio que figura en el permiso de circulación gestiona y recauda el impuesto. En paralelo, varios municipios cercanos a la capital han aprobado ordenanzas con bonificaciones potentes, orientadas a captar grandes flotas. El resultado ha sido una creciente movilidad registral, que ha tenido un impacto recaudatorio y de política ambiental que Madrid no podía seguir ignorando.
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