No parece arriesgado afirmar que existe en España un consenso amplio sobre la urgencia de acometer con seriedad y eficacia una serie de desafíos económicos que condicionan decisivamente nuestro porvenir. Entre ellos, la mejora de la productividad ocupa un lugar prioritario, y ésta, a su vez, queda directamente vinculada a la calidad de nuestras infraestructuras y al compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación. Podría añadirse a esta lista, la transformación de nuestro mercado laboral, garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y la reorientación de las políticas de vivienda.
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