El conflicto armado en Irán ha agravado el contexto internacional actual, generando una situación de inestabilidad geopolítica con efectos directos e indirectos sobre la economía global, los mercados energéticos, las cadenas de suministro y los flujos de transporte de personas y mercancías
En este contexto, el gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto‑ley 3/2026, orientado a mitigar los efectos más inmediatos de la crisis y a reforzar la protección de los sectores económicos y colectivos más vulnerables.
Tal y como se expuso en el periscopio de PwC Medidas fiscales (II) para dar respuesta a las consecuencias de la crisis en Oriente Medio con el fin de dar respuesta a esta situación de crisis, el Gobierno de España también aprobó un conjunto de medidas a través del Real Decreto ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se articula el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Dicho instrumento normativo reúne disposiciones de carácter tanto coyuntural como estructural, de aplicación general o dirigidas a sectores específicos, con la finalidad de mitigar los efectos económicos derivados del conflicto y reforzar un mecanismo de protección socioeconómica, especialmente orientado a los colectivos y sectores más vulnerables.
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