Notas de prensa
Landwell- PricewaterhouseCoopers analiza las principales novedades fiscales para las empresas gallegas en 2010- Marta Fernández Currás, conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia, inauguró las jornadas y afirmó que “un análisis responsable aconsejaría que cualquier incremento de impuestos debería ir acompañado de un fuerte ajuste del gasto público”.
Santiago, 9 de febrero de 2010. Muchas empresas gallegas tributan más de lo debido por su desconocimiento a que tienen derecho a recuperar esa inversión, esta es una de la principales conclusiones que se desprenden de la jornada, celebrada esta mañana en Santiago, sobre las principales novedades fiscales para 2010 organizada por Landwell- PwC y APD. “Los empresarios muchas veces no están al tanto de los procedimientos y no son ágiles a la hora de reclamar por eso deben informarse de las opciones que tienen”, apuntó Miguel Ferré, socio de Landwell-PwC.
La conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Currás, inauguró la sesión y demandó ante la situación financiera actual un sistema fiscal “estable, previsible y eficiente”. Fernández Currás matizó que la eficacia en el sistema fiscal debe conseguirse a través de la distribución equitativa de la carga tributaria, del resultado combinado de todos los impuestos sin necesidad de variar elementos estructurales o a través de la modificación de la normativa de cada impuesto. “Un análisis responsable aconsejaría que cualquier incremento de impuestos debería ir acompañado de un fuerte ajuste del gasto público”, resaltó la conselleira, que auguró un nuevo incremento de los impuestos para 2011 si desde el Gobierno Central no se reduce el gasto público no financiero. “Debemos de iniciar un proceso de consolidación fiscal para poder garantizar el objetivo de estabilidad y ofrecer una imagen de solvencia de cara a los inversores internacionales”, añadió.La sesión se estructuró a partir de una serie de ponencias en las que se analizaron las principales novedades fiscales que afectarán a las compañías gallegas en el nuevo ejercicio, así como las repercusiones empresariales de la adaptación a la nueva normativa comunitaria sobre el IVA. En ese sentido, José Manuel Porto y Rosana Rodríguez, abogados de Landwell-PwC, prestaron especial atención a desglosar lo que denominaron “Paquete IVA”, que implica un cambio en la regulación de las reglas de localización de servicios, además de otras novedades como la aplicación de la presentación de las operaciones con terceros países. “Antes se hacían sólo con bienes y ahora también con servicios”, explicaron. Las consecuencias de los cambios, incidieron, pasarán porque los empresarios van a tener mayores obligaciones formales, si bien ahora las reglas de localización de los servicios se simplifican.
Por su parte Carlos Álvarez Morales, socio responsable en Galicia de Landwell-Pwc, explicó de manera somera los cambios que a nivel fiscal podrían derivarse de la nueva Ley de Economía Sostenible. “Se trata de una ley paraguas encaminada a la planificación productiva”, explicó antes de apuntar que implicará grandes cambios en buena parte del ordenamiento jurídico, en especial el que afecta a IRPF e Impuesto de Sociedades.
La jornada, que fue seguida por más de treinta representantes de empresas gallegas, sirvió también para que los abogados de Landwell-PwC Fernando Varela y Carlos Rodríguez-Pereira expusieran una serie de novedades legales de relevancia para el tejido empresarial. “La Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles permitirá abaratar las operaciones entre sociedades y empresas, tales como fusiones o escisiones”, recordaron a los presentes.
Alberto López, abogado de Landwell-PricewaterhouseCoopers, destacó en su intervención, titulada “Novedades en imposición personal y patrimonial” tres novedades principales, la subida del tipo impositivo en la base del ahorro, del 18% al 19% y al 21% dependiendo del nivel de renta; la creación del régimen SOCIMI para inversiones inmobiliarias, con una tributación muy baja e interesante y la entrada en vigor de la obligación de documentación de operaciones vinculantes, lo que obliga a volver a examinar cualquier tipo de planificación fiscal de socios y sociedades. “Una pyme tiene que documentar mucho más a partir de ahora. Por ejemplo una mediana empresa que facture nueve millones de euros debe de documentar todo exactamente igual que Inditex”, explicó y aconsejó a los presentes simplificar las estructuras empresariales aunque supongan reestructuraciones internas.
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