PwC considera que la apertura de juicio permitirá demostrar la legalidad de sus actuaciones en la reestructuración societaria realizada en 2002

Madrid, 11 de diciembre de 2013. PwC considera que la decisión de la Audiencia Nacional de abrir juicio oral por la reestructuración societaria de la compañía en 2002, le permitirá demostrar que todas las actuaciones llevadas a cabo en dicha reordenación cumplieron escrupulosamente con la normativa vigente y respondieron a una operación mercantil real, transparente y legal.

En opinión de PwC, durante la instrucción del caso no se han valorado las razones, pruebas periciales y multitud de documentación pública y privada presentadas por PwC en sus escritos de recurso ante la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, al considerar que ello es materia del Juicio Oral. La compañía está segura de que las acusaciones contra 61 socios -la inmensa mayoría ya jubilados- carecen de rigor, no cuentan con precedentes en el ordenamiento jurídico de nuestro país y representan un caso flagrante de indefensión jurídica.

La reestructuración societaria y empresarial de PwC fue una decisión que se tomó en 1999 y respondió a la necesidad de reorganizar la estructura del negocio en todo el mundo. En nuestro país, esta reordenación se materializó en 2002 -tres años después de la decisión que tomó PwC International- y, entre otras medidas adoptadas, se llevó a cabo con la escisión de la rama de Consultoría de Implantación de Sistemas en la Compañía PwC Consulting, SL .

Operación mercantil real, legal y vigente

La escisión del negocio de Consultoría de Implantación de Sistemas de PwC España fue una operación mercantil incuestionable que se realizó por razones financieras, tecnológicas y de independencia, que tuvo como resultado una nueva estructura empresarial, que es la vigente actualmente.

Las cantidades recibidas por los socios fueron correctamente tributadas como incremento de patrimonio en sus respectivas declaraciones de IRPF, toda vez que dicha cantidad era consecuencia directa y única de la segregación de la Consultoría, sin que ninguna Hacienda Pública haya cuestionado esta tributación desde entonces, por lo que queda acreditado que todas las cantidades han sido declaradas y pagadas.

PwC está segura que con la apertura del juicio se analizará todo esto y demostrará la falta de fundamento de las acusaciones vertidas contra ella y contra los socios y ex socios que se vieron afectados por la operación de reordenación empresarial.