Casi la mitad de las empresas españolas, víctimas de algún delito económico en 2011

  • La crisis económica y las nuevas tecnologías impulsan los delitos económicos en nuestro país, que crecen por encima de la media en Europa y en todo el mundo

  • La apropiación indebida de activos y la manipulación contable aglutinan el 64% de los fraudes en España, seguidos por la corrupción y el soborno

  • Un 30 % de las organizaciones encuestadas ya han adoptado medidas y un 20% está pensando adoptar acciones en relación a la Reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 23 de diciembre del 2010

Madrid, 30 de noviembre de 2011. La escasez de recursos, junto con las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa España, se ha convertido en un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de los delitos económicos en nuestro país. En 2011, casi la mitad de las empresas españolas -el 47%- reconoce haber sido víctima de algún tipo de fraude. Un porcentaje muy superior al de las compañías europeas –el 30,2%- y al declarado por las propias empresas españolas en nuestro informe de 2009 -34,5%-.

 

La Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2011, elaborada por PwC a partir de la opinión de 4.000 ejecutivos en 72 países –entre los que se incluye España–, hace una radiografía perfecta del tipo de delitos económicos que padecen las empresas españolas, del perfil del defraudador y de las medidas que adoptan las compañías para evitarlos.

¿Ha sufrido su organización algún delito económico en los últimos 12 meses?

La apropiación indebida de activos, la manipulación contable, el soborno y la corrupción y el fraude fiscal son, por este orden, los fraudes más comunes en nuestro país. Destaca el incremento de los actos de manipulación contable, que aumentan del 11% al 29% -respecto al estudio de 2009-, debido al endurecimiento de los criterios contables y a la creciente presión por los resultados experimentada durante los últimos dos años. Por el contrario, disminuyen los delitos relacionados con el soborno y la corrupción, que caen del 13% al 11% debido, en este caso, al deterioro sufrido por el sector inmobiliario como consecuencia de las crisis.

En el estudio de este año destaca el crecimiento con fuerza de los delitos informáticos, que han llegado a representar entorno al 4% sobre el total de los casos de fraude sufridos por las empresas españolas en los últimos 12 meses, y un incremento de aproximadamente el 130% en relación a los datos derivados de nuestro Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial de 2009.

Pero, ¿cómo es el perfil del defraudador en España? En nuestro país, a diferencia del resto de Europa y del mundo, el 81% de los fraudes los llevan a cabo los propios empleados de las compañías y sólo el 17,5% se corresponde con autores externos. Entre los defraudadores internos destaca que el 61% son miembros de la alta dirección y un 39% se corresponde con los mandos intermedios. Mientras que los proveedores (43%) son los que protagonizan la mayoría de delitos realizados por externos.

Resulta interesante conocer cómo se enteran las compañías de que están siendo víctima de un delito. Los canales de denuncias internas y el análisis de transacciones sospechosas son, junto con las auditorías internas, las principales fuentes de detección o conocimiento. La rotación del personal y las denuncias externas les siguen en el escalafón.

Finalmente, el estudio analiza el impacto que en las empresas ha tenido la reciente Reforma del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre del 2010 ha supuesto nuevas e importantes responsabilidades en el ámbito empresarial, como consecuencia de la tipificación de la comisión de delitos penales en los que puede incurrir una persona jurídica.

En este sentido, de acuerdo con los resultados obtenidos, un 30% de las organizaciones han adoptado medidas que responden a la modificación del entorno jurídico-penal, mientas que el 69% restante de las compañías aún no ha tomado ninguna medida al respecto.

 

 

Javier López Andreo, socio responsable de Forensic de PwCPara Javier López Andreo, socio responsable de Forensic de PwC, “en este contexto de crisis, de incremento de las actividades delictivas, del rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y por ende del delito informático, se le une el nuevo entorno regulatorio derivado de la Reforma del Código Penal donde se hace extensiva la responsabilidad penal a las personas jurídicas, por todo ello se hace más fundamental, si cabe, implantar en las organizaciones una cultura y valores concretos, para fomentar la colaboración de todos en la prevención y detección del fraude, minimizando de este modo el riesgo de comisión de delitos”.  

 
 

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