Notas de prensa

Informe del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School sobre el Real Decreto-Ley 2/2011

La nueva normativa del sector financiero podría ser insuficiente para que las entidades logren más recursos propios

  • La norma supone el reconocimiento de que es preciso actuar cuanto antes, pero se centra en la exigencia de más capital en vez de mayor transparencia en la valoración de activos.
  • La medida es más exigente que Basilea III, lo que denotaría que hay un déficit de credibilidad del sistema y podría poner en desventaja a las entidades españolas.

Madrid, 24 de febrero de 2011. La nueva legislación para el reforzamiento del sistema financiero aprobada el pasado 18 de febrero (Real Decreto-Ley 2/2011) podría no ser suficiente para que las entidades logren mayores recursos propios, ya que pone el acento en la ratio de capital en lugar de en la transparencia en la valoración de los activos. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo informe del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School, Objetivos y consecuencias de la nueva reforma de sistema financiero español, presentado esta mañana. 

Según el informe, del decreto-ley pueden extraerse conclusiones positivas, como el hecho de que su aprobación significa reconocer que el sistema financiero tiene un problema de credibilidad, condición necesaria para solucionarlo, así como la posible aceleración de la reestructuración de algunas entidades. No obstante, el estudio concluye que sin un saneamiento real y transparente de los activos será muy difícil la captación de recursos propios por parte de las entidades, ya que esos elementos no saneados pueden impedir que entren inversores en el capital de las entidades y, de hacerlo, sería exigiendo descuentos muy fuertes. “Mientras los balances contengan activos improductivos y no se conozca con exactitud su verdadera naturaleza, el crédito para proyectos rentables seguirá estancado”, asegura Luis de Guindos, director del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School.

El informe indica que el hecho de elevar la ratio de recursos propios por encima del umbral marcado por Basilea III supone, además de un reconocimiento implícito de la falta de credibilidad del sistema en su conjunto, una desventaja para las entidades españolas frente a sus competidores internacionales.

El estudio estima que el impulso de la nueva legislación puede explicarse como consecuencia del impacto sobre las entidades de unas perspectivas macroeconómicas desfavorables a medio plazo y por las dudas mostradas por los analistas sobre los actuales procesos de reestructuración de las cajas de ahorros. Por un lado, las sinergias podrían ser menores en esquemas de integración a través de SIP, por la confusión organizativa derivada del mantenimiento de diferentes personalidades jurídicas, sedes sociales y órganos de gobierno, así como del mantenimiento de actividades de negocio financiero en las cajas que se integran y de ciertas competencias regulatorias de las Comunidades Autónomas. Por otro lado, hay dudas sobre la capacidad de las entidades para generar los beneficios necesarios que les permitan devolver la financiación recibida por parte del FROB (a un tipo de interés relativamente alto).

La principal novedad de la norma es el aumento del capital principal mínimo exigible a las entidades hasta el 8% de las exposiciones totales ponderadas por riesgo. Además, se establece un recargo de un 2% para aquellas entidades que dependen excesivamente de los mercados mayoristas (un 20 %) y que no tenga una participación relevante (un 20 %) de inversores privados. El capital principal incluye el capital social, las reservas efectivas y expresas, las primas de emisión, los ajustes positivos por valoración de activos financieros disponibles para la venta que formen parte del patrimonio neto, los intereses minoritarios, los instrumentos financieros suscritos por el FROB y los instrumentos convertibles en acciones antes del 31 de diciembre de 2014. El importe anterior se minorará con los resultados negativos de ejercicios anteriores y las pérdidas del ejercicio corriente -incluidos los ajustes negativos por valoración netos de efectos fiscales- y con los activos inmateriales.

Las entidades deberán cumplir estos requisitos antes del 10 de marzo de este año, con 15 días hábiles para presentar al Banco de España la estrategia del cumplimiento del plan por parte de aquellas entidades que no cumplan la legislación antes de ese día.

El informe obtiene algunas conclusiones sobre la reforma:

  • La medida aprobada es más exigente que la incluida en Basilea III.
  • Si con la nueva norma se busca mostrar al mercado un refuerzo de la solvencia del sistema bancario, con el fin de mejorar el acceso a los mercados monetarios y mayoristas, no está claro que pueda lograrse este objetivo si antes no se despejan las dudas que mantienen los analistas sobre el activo de las entidades.
  • Si se persigue estimular el saneamiento de los balances bancarios actuales, el informe señala que tampoco está claro el cumplimiento de este objetivo. Con la reforma, las entidades tienen un incentivo a dotar menos provisiones y así generar más reservas –componente del capital principal-.
  • El aumento del capital principal mínimo exigido a las entidades producirá un encarecimiento de la financiación de las entidades –la financiación propia es más cara que la ajena-, si se mantiene el mismo volumen de activos ponderados por riesgo, o bien una presión para reducir dichos activos –y así requerir menos recursos propios-. El crédito bancario es un tipo de activo propicio para esta reducción –otros pueden ocasionar pérdidas-. Esto podría acelerar el proceso de desapalancamiento de nuestra economía. Para suavizar este efecto depresivo, el Comité de Basilea ha acordado unos calendarios generosos para la entrada en vigor de Basilea III, pero en España se adelantan dichos calendarios.
  • Si no se avanza en materia de transparencia en la valoración de activos, será más difícil canalizar el crédito hacia nuevos proyectos debido a que se estaría destinando a otros menos saneados, lo que iría en contra de los objetivos de la norma.

Una cuestión fundamental de las emisiones de valores para el reforzamiento del capital de nuestra banca es su liquidez. La falta de liquidez de unas acciones plantea problemas, tanto para la entidad emisora como para los potenciales inversores: por un lado, la colocación será más complicada, ya que se limitan enormemente las posibilidades de liquidación de la inversión efectuada; por otro lado, si un inversor decide entrar en el capital, el precio de colocación será menor –la iliquidez tiene un precio-, especialmente si se trata de inversores cualificados. Por último, las colocaciones masivas a clientes de redes bancarias de instrumentos ilíquidos suelen generar un elevado número de reclamaciones. Por ello, el Real Decreto-Ley establece que si una parte de la emisión se comercializa entre la clientela minorista, se requerirá la solicitud de admisión a negociación en un mercado secundario oficial.

Por último, se dedica un capítulo final en el que detalla las alternativas de las entidades antes la nueva norma. El informe concluye que, según la situación de cada entidad, sus objetivos pueden ser superar la insuficiencia de capital principal o evitar el recargo de recursos propios aprobado. Para lograr ambos objetivos, el estudio recomienda la transferencia del negocio financiero a un banco, incluso si la entidad está adecuadamente capitalizada porque, al ser las acciones unos activos más reconocidos por los mercados, es más fácil su colocación que el de las cuotas participativas.

El Centro del Sector Financiero es una institución de carácter académico puesta en marcha por PwC e IE Business School cuyo objetivo es analizar los retos a los que se enfrenta el sector. Anteriormente, el Centro ha elaborado otros informes sobre el sector financiero español, en concreto, La reestructuración de las Cajas de Ahorros y la reforma de su regulación, Un nuevo modelo para las Cajas de Ahorros y Los retos de las Cajas de Ahorros tras la reforma de su regulación.

Para más información

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