La seguridad jurídica y la regulación, claves para el futuro del sector eléctrico en España

  • Informe `Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012´, elaborado por PwC

Madrid, 12 de diciembre de 2011. La regulación y la seguridad jurídica son las claves que determinarán futuro del sector eléctrico en nuestro país y sobre las que debemos actuar con urgencia. Así lo asegura el informe Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012, elaborado por PwC a partir de las reflexiones de un nutrido grupo de expertos de la industria y de los principales agentes que intervienen en el sector. El sistema regulatorio español no ha demostrado ser seguro, por imprevisible, y porque algunas de las normativas que se aprueban no se cumplen. Además, el organismo regulador ni es independiente ni ejerce las funciones que le deberían ser propias.

 

Para cambiar esta situación es imprescindible, primero, clarificar cuestiones como cuáles son las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia energética. Y, en segundo lugar, dotar al organismo regulador de poder sancionador y de capacidad para la fijación de tarifas, como sucede en otros países de nuestro entorno:Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal o Austria.

Precisamente, esa inseguridad jurídica es la que ha llevado a nuestro país a arrastrar un déficit tarifario, por el incremento de los costes de las actividades reguladas, que a finales de 2011 habrá acumulado una cifra superior a los 28.800 millones de euros, casi un 3% del PIB nacional. El documento recoge la necesidad de acabar con esta circunstancia y de aplicar una política tarifaria coherente con el objetivo de déficit cero en 2013.

Financiación del déficit, noviembre 2011 (M€)

El estudio analiza el papel de las renovables en el mix de generación en nuestro país y destaca que las energías renovables son un factor imprescindible para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y para reducir nuestra dependencia energética con el exterior. En España, la penetración de la energía renovable prevista para el período 2011-2020, es muy superior a las indicaciones de la Comisión Europea por lo que el informe propone escenarios alternativos que, cumpliendo con estos requerimientos, podrían ahorrar hasta 7.300 millones de euros en primas acumuladas.

Sendas alternativas de producción renovable en el periodo 2011-2020El documento estima que las previsiones del Gobierno para el conjunto de las actividades del sector -realizadas sobre la base de una proyección de demanda eléctrica del 2,33%- han quedado obsoletas como consecuencia de los efectos de la crisis económica. Y considera necesario replantear todas las inversiones a realizar en el corto plazo para evitar costes adicionales innecesarios.

 

El debate nuclear

España no puede permitirse prescindir de la energía nuclear, que deberá seguir jugando un papel importante en el sector eléctrico español porque aporta competitividad al precio de la electricidad, contribuye a la independencia energética y proporciona una potencia libre de emisiones esencial para la seguridad del suministro. En este sentido, el estudio estima que es necesario garantizar que cualquier decisión sobre el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares se tome exclusivamente atendiendo a criterios de seguridad, definidos y evaluados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero calcula que no permitir esta extensión podría reducir un 21% nuestro grado de abastecimiento, exigiría realizar inversiones por 6.300 millones de euros hasta 2030 e incrementaría el coste medio de emisiones de CO2 en 24 millones de toneladas al año.

Finalmente, el informe plantea la necesidad de dar un paso adelante en la liberalización del mercado de comercialización de electricidad bajando –de los 10kW actuales a 3kW- el requisito de potencia contratada para la Tarifa de Último Recurso (TUR), lo que supondría que 19 millones de clientes dejarían de tener un precio fijado por el Gobierno.



 

Iñaki Goiriena, socio responsable del sector de energía de PwCPara Iñaki Goiriena, socio responsable del sector de energía de PwC, “la seguridad jurídica y la regulación es la principal urgencia del sector eléctrico español y de ella se derivan la mayoría de las incertidumbres a las que se enfrenta. Si queremos restaurar la confianza de los inversores en nuestras empresas, la seguridad jurídica debe quedar fuera de toda duda y, en este sentido, el contar con un regulador independiente es una premisa fundamental”.
 

 
 

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