En el actual contexto de reducción del gasto público farmacéutico la aportación de valor se convierte en un requisito para asegurar el éxito de la industria farmacéutica. Cobra especial relevancia la ampliación de los servicios asociados a la mejora de la efectividad en el uso de los medicamentos.
Las políticas de recorte de gasto implantadas por la administración sanitaria abren un frente de actuación con los proveedores sanitarios con el fin de desarrollar proyectos conjuntos con estrategias de riesgo compartido.
El nuevo escenario de política farmacéutica, de cambios en el proceso de toma de decisiones y de nuevos agentes decisores a nivel central y autonómico, requiere que la industria farmacéutica defina su estrategia de acceso al mercado, adaptada a cada tipo de producto y área terapéutica.
La reciente reforma del Código Penal, por actos cometidos por sus empleados, puede conllevar sanciones para las personas jurídicas, como la imposibilidad de contratar con las AAPP o la suspensión / cancelación de las autorizaciones administrativas necesarias para operar.
El actual contexto de retraso generalizado en los pagos por parte de las AAPP aboca a las compañías de la industria farmacéutica a una periódica y sistemática reclamación judicial de la deuda e intereses de demora incurridos, en orden a minimizar los riesgos financieros asociados.
El Impuesto sobre Sociedades contempla una reducción fiscal por la cesión de intangibles de especial relevancia para las compañías de la industria farmacéutica, en la medida que creen conocimientos técnicos y que éstos sean cedidos a cambio de una contraprestación.
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